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Sunday, July 29, 2012

Los Puertos Acusan


Formato del Futuro…

Egildo Luján Nava

Cuando los voceros gubernamentales le expusieron a los venezolanos en qué efectos positivos se traduciría la incorporación plena de Venezuela al MERCOSUR, llamó la atención el hecho de que afirmaran que, entre otros beneficios, el país comenzaría a recibir alimentos a precios menos costosos que los que ya estaba adquiriendo por vía de las importaciones, muchas de ellas de Brasil, Argentina y Uruguay. Es decir, se hizo presente aquello de lo que hoy se ufana el Ministro de la Alimentación, Carlos Osorio: aquí se come y si se trata de alimentos importados, no hay motivos para preocuparse. En otras palabras, antes que exaltar o dar a conocer la forma como la Nación asumiría su nuevo rol en plan de fuerza exportadora, apoyada en las coincidencias internas entre los agentes económicos comprometidos con su obligación de cumplir con los términos fundacionales del bloque del Sur, se puso de manifiesto el espíritu dependiente de una conducción ajena a los retos del futuro nacional, simplemente, porque el rentismo petrolero pareciera haberse enquistado de manera definitiva en la actual forma de gobernar.

Es absurdo creer en que la actuación venezolana en dicho conglomerado de naciones, siempre va a estar signada por la falsa creencia del beneficio único de la ventaja exportadora. Sin embargo, plantearse después del 31 de julio una participación integracionista sin tomar en cuenta que la potencialidad productiva y competitiva criolla tiene que recomponerse, para poder construir relaciones no necesariamente sometidas a la asimetría con los que llegaron antes, equivaldría a reeditar la errónea aplicación con la que se midió la importante presencia en la Comunidad Andina de Naciones. Ahora, no puede ser una recomposición verbalista, edulcorada por subjetividades históricas y enamoramientos inflexibles de acuerdo al desplazamiento del discurso justificador del paso dado.

No. Tiene que ser un hecho concreto, producido por la conjunción de enfoques y diseños estratégicos encaminados a echar las bases de un esfuerzo real de país. Y, desde luego, manifestación cierta de la voluntad de una sociedad trabajadora que se niega a vivir entre las penumbras y las dudas provocadas por la convicción de que lo actual, antes que estimular y alentar esperanzas, se fortalece cada día como la anulación y negación de los venezolanos que sueñan con un futuro de progreso y bienestar. Las opiniones empresariales que se han dejado escuchar entre las múltiples interpretaciones del hecho ya casi consumado, una vez más, lo que han reclamado es la actitud excluyente de quien, se supone, actuó en plan de negociador nacional, el Gobierno. Y excluyente porque, con la misma determinación que meses atrás rechazó toda posibilidad de la presencia empresarial venezolana en encuentros con homólogos colombianos, mientras los jefes de estado de ambos países hablaban de nuevas formas de direccionar la bilateralidad comercial, también en esta ocasión se ha dado el mismo evento, si bien el entendimiento ¿negociador? sólo fue entre actores gubernamentales.

La integración entre los pueblos y la globalización económica son realidades supragubernamentales, si bien a los conductores de los países les corresponde velar por los intereses de aquellos a quienes gobiernan. Y en el caso de la incorporación de Venezuela al MERCUSOR, con la misma predominante unilateralidad gubernamental que decidió el divorcio de la CAN, el Gobierno de Venezuela ha desempeñado un desafortunado rol que, internamente, ha sido interpretado como otro paso en falso, antinacional y hasta conducido por la justificada administración pragmática de tres presidentes que insisten en ver a su socio petrolero, como un mercado de amplias posibilidades expansivas.

En Venezuela, los empresarios privados y los que ejercen el derecho constitucional a la práctica de la propiedad, desafortunadamente, no tienen en su Gobierno al negociador por excelencia y promotor del emprendimiento emergente. Es decir, no cuentan con la posibilidad de alianzas al estilo y mejor concepción de asociaciones sector privado-gobierno, como sí lo tienen los nuevos países socios. Y aunque quienes analizan el hecho económico, político e histórico lo relacionan en sus posibles cambios con lo que pueda suceder durante el mes de octubre en las elecciones presidenciales, no es absurdo pensar en que unos posibles aliados para que esta situación evolucione con innovaciones de avanzada, pudieran ser los empresarios y gobernantes de los países socios. Ya que, después de todo, la integración Latinoamericana es una necesidad, y todos los pasos tímidos o imperfectos que se den hoy en atención a ese propósito, jamás podrán asumirse como equívocos indeseables.

Los puertos venezolanos que ingresan –y deberían egresar- bienes producidos en otros países, hoy fungen como acusadores de la vigencia de una política económica errónea, quizás, de paso, porque es a lo que conduce e inducen las manipulaciones cambiarias y monetarias venezolanas, además de que, sin duda alguna, a menor empresa privada y propiedad ciudadana, es mejor bregar con productores y trabajadores de otros países. Pero no es imposible revertir dicho proceso. Solo que pasar de la involución a posiciones de vanguardia, amerita mucho más que sueños y esperanzas en potencialidades indefinidas. Demanda y exige compromisos de participación en el reclamo del hecho erróneo, como en la disposición a sumar voluntades a favor de lo que reclaman –por derecho natural-casi 30 millones de venezolanos, ya cansados de financiar fracasos gubernamentales de hoy y de ayer, a cambio de empobrecimiento.

Sunday, July 8, 2012

MERCO-Funeral Agroalimentario


MERCO-Funeral  Agroalimentario



 Formato del Futuro…



Hoy no hay un solo venezolano que no esté en cuenta de que casi todos los alimentos que consume, no son producidos en el país, sino que  se trata de bienes provenientes del exterior, y adquiridos con petrodólares usados por el Gobierno -a su mejor saber y entender-  apelando al siempre útil argumento de que lo hace en nombre del pueblo y para el pueblo.
El plato nacional, mal llamado pabellón nacional, símbolo de la culinaria nacional y cuyos componentes básicos fueron calificados como “rubros bandera” durante el anuncio de la primera política agroalimentaria  hace ya 14 años por ese mismo Gobierno importador, es, a decir de muchos, la más fiel expresión internacional de la “visión” pseudoproductiva venezolana de la actualidad. 
Las caraotas negras, la carne mechada (o esmechada), el arroz y el plátano, por obra y gracia efectiva de tal negación gubernamental a los postulados  y derechos constitucionales de la ciudadanía productiva, describen la dependencia de un país que se ufana de soberano, a la vez que convierte a la soberanía productiva en estandarte de una victoria de fumarolas. Porque, actualmente, Venezuela, con excepción del plátano, debe importar los otros tres alimentos, en el medio de cambios de ministros, de anuncios de nuevas políticas agroalimentarios  y el engendramiento electoral y clientelar de una pomposa Misión AgroVenezuela, cuya hermana muleta, Fundapatria, anda dando tumbos entre deficiencias administrativas, la inoperancia de su funcionamiento y las suspicacias sobre las verdaderas causas que obligaron a su nuevo dueño, el Gobierno, a tener que “prestarle” 300 millones de dólares para que pudiera continuar de pie.


Actualmente, el país importa cerca del 80 por ciento de los alimentos que consume su población. En otras palabras,  Venezuela se ha convertido en una verdadera campeona en la agricultura de puertos. Menos de diez años han sido suficientes para que su otrora capacidad productiva, con deficiencias tecnológicas  y limitaciones expansivas, es cierto, haya ido desapareciendo, como consecuencia de invasiones, incautaciones, expoliaciones; en fin, de una antivenezolana acción destructiva a cargo de venezolanos en funciones de Gobierno. 
Fincas, hatos, centros de producción e investigación, empresas de producción agroalimentaria, proveedoras de insumos y materias primas, en fin, el tejido productivo agroalimentario que la Nación construyó y desarrolló durante décadas, ha sucumbido. Es hoy un raquítico trofeo en manos de quienes, sin duda alguna, no se equivocaron en su accionar, que mañana otros, quizás, pudieran calificar de errores.
Porque lo que ha sucedido, evidentemente, no puede haber sido un error. Se trata de una estrategia cruenta de control poblacional. De deliberada determinación a crear y sostener  una política de importación alimentaria controlada por el Gobierno, con la suficiente autonomía para, a la vez, también controlar las cadenas de distribución, y terminar convirtiendo  al consumidor en un individuo a merced de quien decide qué le vende y qué cantidad puede consumir. En otras palabras, se trata de una política de Estado dirigida a convertir a la población en un pasivo conglomerado dependiente de su natural negación a padecer hambre; una variable de la realidad vivida por la población cubana durante medio siglo, pero afianzada por las ventajas del rentismo petrolero.
Y en estas condiciones, es que se produce el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Sin duda alguna, un suicidio para lo que aún queda funcionando en la debilitada producción nacional. O, quizás, el paso definitivo para que aquí se produzca un MERCO funeral, en respuesta y consonancia con esa decisión de convertir a la Venezuela petrolera, en la Venezuela importadora.  
El aparato productivo nacional, y muy especialmente el agroalimentario, está parcialmente destruido e imposibilitado de poder competir con gigantes agroproductores como Brasil, Argentina o Uruguay; países que cuentan  con un sólido aparato de producción agrícola y pecuario, y que de permitirles  entrar al mercado nacional bajo un formato de puerta franca, equivale a acabar con todos los productores nacionales. En fin, nacionalizar lo que hoy se considera expresión formal de un suigéneris sistema de relaciones comerciales: la entrega de todos los beneficios a los productores internacionales de alimentos; punto final al discurso de soberanía alimentaria; borrón y cuenta nueva en la composición del llamado a ser “potencia agroalimentaria”, mientras se incrementan los esfuerzos geopolíticos para evitar que las fluctuaciones de los precios del petróleo tiendan hacia el descenso. Inclusive, no sumar equívocos que se traduzcan mañana en la reedición de experiencias como la que hoy vive Irán, sometida desde el primer día del mes en curso a un embargo petrolero, producto de la misma tendencia de ciertos gobiernos a velar más por sus decisiones, antes que por la obligación de garantizarles bienestar y prosperidad, vida feliz a sus gobernados. 
La seguridad agroalimentaria se logra garantizando que la producción nacional cubra sino la totalidad, sí el mayor porcentaje posible del consumo nacional.Es un principio básico para cualquier país. Y eso incluye a Venezuela.  
Incentivar la producción de alimentos a nivel nacional, fortalecer la agroindustria, es decir, incorporar dicha actividad al desarrollo integral del país, no es una cuestión que deba someterse a accidentales subalternidades extraterritoriales. Tiene que convertirse en un gran propósito que trascienda los fines exclusivos del ejercicio del poder. Debe ser una manifestación de trabajo continuo, en el entendido de que las exigencias inmediatas de la globalidad económica le asignan a la producción de alimentos, una posición de suprema valoración, tanto como a la disponibilidad de agua apta para el consumo humano. 
Y eso, por cierto, no figura en la propuesta electoral del actual candidato líder del gobierno. Del mismo que pretende continuar en su ya inacabable faena de convertir a los puertos del país, en un llegadero de barcos llenos de alimentos comprados con dólares sobrevaluados en el mercado internacional.

Sunday, July 1, 2012

VENEZUELA ENCAMPAÑADA


Egildo Lujan Nava
Director de FEDECAMARAS por el Sector Pecuario
Director de la Federación Nacional de Ganaderos


                                           Formato del Futuro…

Cuando una empresa encuestadora invitó la pasada semana a un conversatorio público para difundir los resultados de su último trabajo  de campo, basado en el comportamiento de las tendencias populares a favor –o en contra- de los dos competidores con mayores posibilidades de triunfo en las elecciones del 7 de 0ctubre por la presidencia de la República, ese mismo día, el país fue informado de la decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de embargar  a Globovisión, por no haber pagado la multa que le impuso Conatel, luego de difundir informaciones en junio del 2011 sobre la crisis penitenciaria de El Rodeo.

De esa manera, desde el ámbito dominado por quienes ya casi tienen tres lustros ejerciendo el poder en Venezuela, se dio inicio formal a la campaña electoral que, a partir de hoy, meterá al país, y con sus habitantes dentro, en el que, sin duda alguna, habrá de convertirse en el evento comicial de mayor importancia y relevancia en Latinoamérica durante el 2012.

Ni Paraguay con su circunstancia actual, o México, con sus elecciones presidenciales de este día, captarán las atención continental –y fuera de la región- de la manera como, desde ya, ha comenzado a demostrar cuáles serán los comportamientos del proceso motivacional de más de dieciocho millones de votantes, con su tradicional 30% de abstencionistas a cuesta, y comprometidos con la obligación política de participar, de votar, en respuesta sentida a la convicción de que su decisión estará haciendo historia.

Hasta ese momento, el 7-0, el país será un campo abierto para la confrontación de ideas. Pero también para que los convencidos de su responsabilidad participativa, indistintamente de sus inclinaciones personales por una determinada tendencia, se vean obligados a ser, quizás, los grandes financistas de la confrontación, con preocupación, incertidumbre, carencias y desasosiegos. Es decir, una vez más, la libertad de soñar en un futuro promisorio, y la esperanza de que, finalmente, los venezolanos harán lo necesario para reencontrarse con la convivencia en paz y en armonía, pudiera estar comprometida, ante la percepción de que existen factores apostando decididamente a favor de que tal entendimiento no se produzca.

Los venezolanos tienen hambre y sed de tranquilidad. Los venezolanos necesitan vivir –y convivir- en un ambiente ideal para desarrollar creatividad y producción, sin que esa razón espiritual tenga que pasar por el tamiz de la aprobación o desaprobación de compatriotas empeñados en arrear vecinos.

Los venezolanos requieren un liderazgo con visión clara y objetivamente definida, acerca de lo que realmente significa formar parte de un condominio de países en el que cada integrante está obligado a aportar prosperidad, bienestar, nunca pobreza, empobrecimiento y miseria extrema. Y ese liderazgo existe. Se ha manifestado. De la misma manera que ha hecho acto de presencia en varios países del Continente, en donde ha debido vencer lo peor de los escollos impuestos por quienes necesitan del poder para servirse, nunca para servir.

En Venezuela, hoy es impensable en que el nuevo liderazgo no estará obligado a vivir la misma experiencia de sus homólogos en el vecindario regional. Y eso se hizo sentir con la decisión contra Globovisión, porque, en el fondo, de lo que se trata es precisamente de anular la presencia, vigencia y permanencia de quienes, por ejemplo, no se atreverían  a dar el paso de integrar a la Nación al Mercado del Sur (MERCOSUR), sin que se sepa a ciencia cierta cuál será el nuevo sacrificio que tendrá que pagar la economía venezolana por ese “codeo” geopolítico con Brasil, Argentina y Uruguay, porque lo más probable es que los potenciales beneficios no pasen de ser una melancólica caricatura como los acuerdos con el Gobierno de China. Lo del MERCOSUR tiene el mismo color, secretismo y contenido misterioso que ayer tuvieron la LOTT y el “paquetico” de últimas leyes aprobadas durante las postrimerías de la  Ley Habilitante. ¿0dedeciendo a qué propósitos?

Por lo pronto, hay que mentalizarse con el hecho de que la atípica campaña electoral que ya comenzó a perfilar el contenido de su desarrollo, también tendrá sus repercusiones precisamente en el campo de lo económico. No sólo por las consecuencias internas que se darán por lo que ha estado sucediendo con la progresiva caída en los precios rectores del comercio petrolero mundial, y cuyo descenso equivale a poco más de veintiséis dólares por barril. Sino también por la obvia decisión gubernamental de congelar todas aquellas decisiones que, eventualmente, pudieran implicar efectos colectivos con costos políticos sensibles, con sus tres componentes más notables: modificaciones de precios, inflación y desabastecimiento.
¿Y podrán resistir las empresas sometidas a las rigideces de los controles de precios, como de  cambio, a esta nueva espera forzosa impuesta por razones que, habiéndose previsto anticipadamente, ahora se les ubica como argumento con peso determinante para darle larga a las necesarias y urgentes respuestas gubernamentales?

Para quienes le han estado haciendo seguimiento a lo que ha sucedido durante los últimos meses con el desfile de barcos cargados de alimentos que siguen esperando muelle en Puerto Cabello y La Guaira, una acción administrativa de enfriamiento o congelación de decisiones que contengan –o detengan- dicha “invasión”, es viable. Porque siempre prevalecerá el propósito abastecedor, aun internacional, antes que el inflacionario.

Y, después de todo, ante cualquier rechazo, desacato o cuestionamiento del procedimiento, a quien más le interesa y conviene no tener que pagar costos políticos en plena campaña electoral, siempre tendrá al alcance de sus manos la posibilidad de reeditar lo que sucedió con el canal de televisión. Mejor dicho, seguir avanzado en la que ha sido una práctica durante los últimos años, cuando el ejercicio ciudadano del derecho constitucional de propiedad, sencillamente, siempre pudo ser sometido a la voluntad del “interés público” o de las “razones estratégicas”. 0 en el más útil  de los argumentos: “impedir conductas y acciones desestabilizadoras”.