LA EFICIENCIA COMO OBLIGACIÓN

LA EFICIENCIA COMO OBLIGACIÓN

Formato del Futuro…

EGIDIO LUJAN

DIRECTOR FEDECAMARAS Y DIECTOR FEDENAGA

Millones de venezolanos aún siguen sin reaccionar, después de haber sido informados apresuradamente de los resultados electorales del pasado 7-0. Y es comprensible. Inclusive, el duelo continúa reinando en su yo interno, y el ánimo de todos ellos, sencillamente, se debate entre asumir lo irremediable o seguir cuestionando la aceptación de lo sucedido. 

Y, mientras tanto, fuera de dicha conflictividad, el país sigue su marcha; los problemas continúan agudizándose, a la vez que una importante expresión de los votantes que ratificaron su confianza en la persona que ha conducido al país durante casi tres lustros, también vuelve a lo suyo: el reclamo callejero, la protesta ante la ausencia de soluciones, y el recuerdo abierto y franco por el apoyo que debe ser recompensado con respuestas verdaderas, nunca más con mentiras. 0, en el mejor de los caso, diferimientos en plazos infinitos del cumplimiento de lo prometido.

Se trata de dos visiones –o percepciones- de cómo actuar ante las exigencias de un entorno, cuyos cambios jamás se van a producir o acelerar mientras la ciudadanía no entienda cuál es su verdadero rol. Pero, a la vez, de dos maneras de interpretar responsabilidades sociales, a partir de la falsa creencia de que las nuevas oportunidades que se abren para la participación y el reclamo, surgirán de la concesión que les dispensa un gobierno supuestamente democrático, como de que basta practicar una pasiva sumisión definitoria de la relación con ese mismo gobierno, para que emerjan espontáneamente las soluciones hoy ya impostergables.

El candidato ganador ha dicho que pondrá a prueba la eficiencia administrativa durante los venideros seis años, desde el mismo momento cuando asuma el cargo el próximo 10 de enero del 2013. 

Ser eficiente  como gerente público, entonces, ya no es una obligación administrativa con base en el cumplimiento de las leyes de la República, mucho menos una responsabilidad ética. Constituye un nuevo compromiso electoral que, para más formalidad, se apoya en el funcionamiento de una especie de ministerio sin cartera, mientras otra instancia administrativa aprobada en el 2010 -y adscrita a la presidencia de la República- duerme el sueño de los justos, 25 parlamentarios a cargo de la tarea contralora ni se dan por enterados y la nunca bien ponderada Contraloría General de la República, sencillamente, pareciera haberse ido de vacaciones.

Es decir, lo realmente novedoso de los venideros 6 años es demostrar que en los 14 años anteriores no se pudo cumplir con esa obligación constitucional, motivado a las razones que sean, y que la pasantía improductiva por la misma posición gerencial pública será superada con creces, a partir de un reenfoque del ejercicio administrativo.

Sin embargo, dentro del enmarañado como misterioso y secreto contenido del cómo se podrá llegar a esa evolución nuevamente prometida, llama la atención que, de entrada, se ratifique la decisión de reeditar acciones funcionales que terminaron en las deficiencias acusatorias del presente. A la vez que se apela a la calificación de “catastrofistas” de los otros venezolanos que hacen saber su interés en evitar que gobernar en Venezuela sea sinónimo de dispendio, derroche, ineficiencia y corrupción.

Aunque haciendo uso de la conocida frase de “aunque usted no lo crea”, y en relación a esta promesa hecha por el candidato ganador, en días pasados –pocos después de la reelección- la Asamblea Nacional, con el voto  favorable mayoritario de los Diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, aprobó el Decreto 9228, que autoriza al Ejecutivo a construir 21 o más nuevas cárceles, sin cumplir con la rigurosidad legal de la licitación. ¿Y es así como se pretende alcanzar estándares administrativos de eficiencia bajo el nuevo esquema prometido?.

 

La tarea de impedir que esto siga siendo así, desde luego, es exigente. Va mucho más allá de la pública manifestación de que se actuará con base en nuevos patrones gerenciales, especialmente dirigidos a convertir una burocracia formal cercana a los 3 millones de individuos, en un ejemplo de seria y sustentable competitividad administrativa. 

Tiene que trascender el ya añejo convencimiento de que, al final del camino, los que están llamados y obligados a desempeñarse como servidores públicos, sencillamente, nunca han estado divorciados de la convicción de que su posición dentro de la estructura funcional del Estado, siempre será más importante en la medida en que se mantenga en la órbita política de que es un beneficiario accidental, dentro de una relación clientelar transitoria o permanente. El miedo es libre y la posibilidad de  mantener una fuente de ingresos familiares, muchas veces obliga a guardar silencio y echar a un lado lo que otros llaman dignidad.

Una nueva obra pública finalizada en el tiempo previsto, no lo es todo. Tampoco la culminación de otra que, por años, permaneció a la espera de que la continuidad administrativa se apiadara del proyecto que justificó su desarrollo, pero que luego fue dejada a un lado por las razones que fueran. 

Y es por eso por lo que si importante es hacer saber  cómo es que a partir de ahora sí se demostrará el destino de los incuantificables recursos que la Nación venezolana ha empleado en los últimos años para ejecutar programas, planes y obras que siguen siendo esperadas ansiosamente por la población, más lo será todavía que, a partir del 10 de enero de 2013, los administradores den muestra cierta y seria de que también ya no habrá más ineficiencias en la administración de los fondos públicos, mejor dicho, de los dineros de la Nación, del patrimonio de 30 millones de venezolanos.

Además de que la sociedad venezolana, esa misma que se hizo presente en los comicios del 7-0, pacífica y civilizadamente, tiene que comenzar a deslastrarse de su condición de pasiva indiferente –distinción de siempre-ante la desordenada e incontrolable manera como se insiste en conducir el empleo de los fondos públicos en el país. No basta con marchar y protestar. Tampoco solamente con votar.

En fin, es otra variable en el retorno a la realidad de lo posible. Si es que, finalmente, todos los venezolanos, desvinculados de coloraturas partidistas o grupales, deciden dar demostraciones de estar dispuestos a hacer causa común alrededor de la máxima de que la democracia no puede seguir siendo una forma de gobierno para multiplicar el número de pobres, o de envilecimiento de los que ya existen. Mucho menos, promotora de pasajeros de salida, en torno a un altar territorial sólo útil para que se manifiesten adoradores de caudillos dispensadores de dádivas. 

Tiene que ser mucho más que eso, definitivamente: aquello que necesitan los pueblos cuando el  objetivo supremo de su liderazgo es garantizar el bienestar de sus habitantes. Jamás el sometimiento del individuo y de sus familiares a la voluntad de ese mismo conductor, aun habiendo sido éste respaldado comicialmente por mayorías construidas para ese fin.

 CONTINUA

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