UNIDADES
TRIBUTARIAS Y LA HISTORIA OFICIAL
“Si no somos corresponsables
del pasado,
tampoco tendremos derecho a
reclamarnos
legítimos propietarios del futuro”.
Fernando Savater
Tal como lo anunciamos, nos preparamos para
cumplir con lo ofrecido: ocuparnos del tema energético. Sin embargo, ante el
nuevo ataque que se suma a las ya consuetudinarias y sistemáticas violaciones
contra los Derechos Humanos y Laborales de los trabajadores de PDVSA que
fuimos, injusta e ilegalmente, despedidos durante los años 2002 y 2003 y que se
materializa, esta vez, en las “listas” que han venido haciéndose públicas,
contentivas de las primeras “decisiones” tomadas por Auditoría Fiscal de PDVSA producto
de la “investigación” adelantada con relación la Paro Cívico Nacional y que
señalan, multas expresadas en Unidades Tributarias (Bs.14.600 c/u) que son
inadmisibles e improcedentes y, además, rayan en lo irracional. Es imposible,
para nosotros, asumir la conducta del avestruz de enterrar la cabeza o la de
los “vivos” del dominó de “pasar agachado”. Por eso, modificamos nuestra nota
semanal y nos tomaremos el espacio para rechazar esta nueva agresión y tratar
de poner algunos puntos en claro.
Lo primero que tenemos que señalar y rechazar,
de la manera más categórica es la pretensión de imponernos la historia oficial de lo ocurrido
que tergiversa los hechos sacándolos del contexto y ocultando las verdaderas
intensiones del régimen de gobierno.
Mencionar La Historia Oficial, significa, para
nosotros, recordar, claramente, una de las mejores películas que hemos tenido
oportunidad de ver, titulada La
Historia Oficial, producida en Argentina y protagonizada por una
actriz, sencillamente extraordinaria, Norma Aleandro. En la película, Alicia, personificada
por Aleandro, es una profesora de historia muy convencional incapaz de
reconocer el verdadero rostro del drama de los desaparecidos, los secuestros,
el terrorismo de Estado y las relaciones de complicidad entre diversos sectores
sociales, vínculo que está representado a través en la película por su marido. Es indignante el modo en que Alicia, siendo
profesora de historia, manifiesta un desconocimiento absoluto de la tragedia
que vive la sociedad argentina o la desconfianza que muestra respecto de los
relatos que escucha sobre los desaparecidos.
Es una exiliada política que regresa al país,
quien en una noche de rencuentro después de varios años, le cuenta la
experiencia personal como víctima de torturas
y violaciones. Este será el detonante de la historia; es esta revelación
de Ana la que va a impulsar a Alicia a investigar. Alicia, presenta una curva
evolutiva que va del desconocimiento, la incredulidad y la debilidad, a la
plenitud del saber, la verdad y la fortaleza. Tuvo que superar muchas amenazas,
recomendaciones de olvidar y reiteradas expresiones como “dejá de pensar, dejá de pensar”; tuvo que
luchar contra la actitud que esa gente pretendía de la sociedad, no pensar, no
saber, y sí alguien sabía, no hablar. Y para el que hablaba: la violencia y el
silenciamiento. Sin embargo, y a pesar
de todo, el régimen militar cayó y la historia real se abrió paso.
Justo, pretendemos encarnar el rol de Ana y
poder constituirnos en el detonante que genere una ola de comprensión sobre lo
realmente sucedido, sobre la perversidad de la dirigencia política y sobre la
profunda convicción totalitaria del poder que emerge del régimen chavista.
En primer terminó, debo ser repetitivo y
concluyente al rechazar categóricamente la denominación de “Paro Petrolero”,
a los eventos ocurridos a partir del 02 de diciembre de 2002. Reitero que se
trató de un Paro Cívico Nacional, convocado por Fedecamaras, CTV y
organizaciones de la Sociedad Civil, a las cuales se sumaron millares de
ciudadanos haciendo uso legítimo de un derecho constitucional y consagrado en
acuerdos supraconstitucionales suscritos
por Venezuela. Más aun, me permito recordarles lo que en este sentido concluyó el Comité de Libertad
Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
“…el Comité estima que el movimiento
reivindicatorio global del paro cívico nacional convocado entre otros por la
CTV puede ser asimilado a una huelga general, dirigida también contra la
política económica y social del Gobierno y por consiguiente la paralización de labores en la industria del petróleo en sí
puede considerarse como una actividad sindical. Por consiguiente, los gerentes
y trabajadores del sector petróleo que paralizaron sus labores pacíficamente y
que no participaron en actos delictivos no deberían haber sido despedidos. El
Comité deplora pues estos despidos masivos, precipitados y desproporcionados
que afectaron a 18.000 trabajadores y destaca que las sanciones en masa por
acciones sindicales se prestan a abusos, y destruyen las relaciones laborales.”
En
segundo termino, es imprescindible precisar que la crisis en PDVSA, tiene sus
inicios en 1999, año en que asume el poder el teniente coronel Hugo Rafael
Chávez Frías, comenzando con las jubilaciones prematuras; las contrataciones y
nombramientos de personal violentando normativas internas; la inobservancia y
el irrespeto por la Ley de Salvaguarda; los diferentes intentos de segmentar y
desarticular la estructura empresarial (pej.: transferencia del INTEVEP al
Ministerio de Ciencia y Tecnología; transferencia de PDVSA Gas al Ente Nacional
de Gas).
Estos
continuos abusos fomentaron, a lo interno, un movimiento en defensa de la
institucionalidad que irrumpió de manera pública a finales de febrero de 2002,
publicando un Comunicado a la opinión pública
emitido en febrero de 2002 conocido como “Salvaguardemos a PDVSA”. Desde el
gobierno nunca hubo intensión de diálogo, tampoco disposición para rectificar.
En ese momento era una actitud incomprensible, dos años después se entendió que
fue una acción deliberada que generó una crisis interna que se hizo pública y
que fue agravada por el propio teniente coronel Hugo Chávez Frías, cuando el
día 07 de abril de 2002 haciendo uso de la señal de Venezolana de Televisión,
en la transmisión del programa “Alo Presidente”, profirió públicamente una
serie de ofensas, vilipendios e injurias en contra de la institución y de sus
trabajadores, sometiendo al escarnio público a un grupo de trabajadores, en
particular, y a la Empresa en general,
con el deliberado propósito de generar una crisis que facilitaría su objeto de
colocar en la referida empresa a personal afecto a su proyecto político para
disponer de los recursos de PDVSA.
Es
pertinente recordar que el propio Hugo Chávez Frías reconoció en su declaración
del 15 de enero del 2004 en la presentación de Memoria y Cuenta a la Asamblea
Nacional que “…cuando agarré el pito aquel en un Aló Presidente y empecé a
botar gente, yo estaba provocando la crisis; cuando nombré a Gastón Parra
Luzardo y aquella nueva Junta Directiva pues estábamos provocando la crisis…La
crisis era necesaria”.
En
diciembre de 2002, el régimen encontró la oportunidad de tomar a PDVSA en el
marco del PARO CIVICO NACIONAL. Comandados por Alí Rodríguez Araque, urdieron
un plan paralelo que desplazaría el Plan de Contingencia, activado desde el 29
de noviembre. Ordenaron la toma de la empresa por grupo paramilitares y
efectivos de la Guardia Nacional que se paseaban armados en instalaciones
operacionales violando todos los protocolos de seguridad y obligaron, con
acciones violentas, a salir de la empresa a los trabajadores a cargo del referido
Plan de Contingencia; prohibieron la entrada a los legítimos trabajadores de
PDVSA y contratistas; el propio Alí Rodríguez
Araque tomó el control absoluto el 07 de diciembre de 2002.
Entonces,
¿no es esto una confiscación, si su propio Presidente, desde VTV, el 03
diciembre convoca a grupo paramilitares, a tomar la sede e instalaciones
operativas?, ¿Cómo, entonces, los responsables de lo ocurrido semanas y meses
después, fueron los agredidos y los despedidos? ¿Es que acaso, estos
“auditores” pretenden negar el plan paralelo urdido por Rodríguez Araque y Pérez
Isa? ¿Es que acaso pretenden negar la actitud beligerante y represiva, nada
conciliatoria, del Ministro de Energía, Rafael Ramírez y la ministro del
Trabajo María Cristina Iglesias?,¿Cómo es que trabajadores que estaban jubilados,
de vacaciones o despedidos son responsables de algo?, ¿Por qué somos 185 y no
59, 125, 2532 o 23.000?
Continuaremos,
porque esta suerte de sainete que ha montado la Auditoría Fiscal de PDVSA, da
para mucho más, ya que, además de lo inadmisible del hecho en sí, las multas expresadas
en Unidades Tributarias (Bs. 14.600 c/u) resultan absurdas e impagables. Sin
embargo, adelantamos que una vez que conozcamos la motivación de las sanciones
impuestas, procederemos a interponer las acciones que hubiera lugar. No lo haremos
porque creamos que en Venezuela existe el Estado de Derecho. No, lo haremos
porque creemos en la justicia y en la defensa de nuestros derechos. Lo haremos
porque no vamos a permitir que se imponga la historia oficial.
Finalmente,
aquellos que de manera consciente o inconsciente, se han venido haciendo eco y
propiciando por años la historia oficial, al calificar de manera absurda y
aberrante como paro petrolero, el Paro Cívico Nacional, le pedimos que se
vean retratados en el personaje de Alicia, la historiadora y que investiguen,
lean, pregunten, reflexionen y puedan llegar a entender que ese Paro Cívico
Nacional fue aprovechado para tomar a PDVSA, a la fuerza y al costo que fuese
necesario. De otro modo, Jorge Giordani no estaría en la Asamblea Nacional
presentando otro sainete como el Presupuesto de 2013, ni Hugo Chávez estaría en
Miraflores.
