Cada vez más forajido
Rosa Uztáriz - rosauztariz@aol.com
La fecha consagrada al trabajo, normalmente es utilizada para avanzar la lucha reivindicativa de los trabajadores, en recuerdo de lo ocurrido en Chicago, cuando una marcha que reclamaba una jornada semanal de 40 horas, provocó un ataque policial que resultó en la muerte de 12 obreros sindicalizados, conocidos desde ese momento como los "mártires de Chicago" y símbolo del internacionalismo obrero.
No hay que olvidar que la organización de los obreros surge a raíz de la celebración de la Primera Internacional Socialista, en la cual se firmó el "Manifiesto Comunista" redactado por Carlos Marx y Federico Engels, cuya frase más conocida es "Proletarios del mundo, Uníos. No teneis que perder sino vuestras cadenas". El objetivo de ese congreso internacional era promover la unidad proletaria mundial, pero ese noble propósito fue derrotado por la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a obreros de las diversas naciones.
En Venezuela, donde tradicionalmente se ha mantenido separada la manifestación de los sindicalistas democráticos de la de los comunistas, este año no fue una excepción, porque ahora los tradicionales líderes rojos se sienten representados por un gobierno que vulnera los derechos de los trabajadores, al impedir la realización de las contrataciones colectivas, acumula un pasivo laboral cercano a los 20 mil millones de dólares, se ha negado a promulgar las leyes de seguridad social y propicia la formación de sindicatos patronales, cuya finalidad es dividir a los trabajadores.
Retiro de la CIDH
El Estado venezolano ha sido señalado como forajido, por su reincidencia en el incumplimiento de los derechos fundamentales, la violación del estado de derecho y su evidente alianza con movimientos guerrilleros y narcotraficantes, se empeña, en lo que parece ser el crepúsculo de su acción, en hacerse cada vez más forajido. En un día tan significativo el declinante comandante de la revolución se empeñó en declarar que el país tenía que retirarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ambas instituciones creadas por el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, considerado por la misma Constitución, en su artículo 23 "Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno". Esta decisión, adoptada por el presidente, implica, necesariamente, una modificación constitucional y necesita ser objeto de un referendo abrogatorio y de una reforma constitucional, mecanismo este al cual no han hecho referencia.
La aparente intención del régimen es alejarse definitivamente de la legalidad internacional y adentrarse en un terreno en el cual no lo acompañan sino las más abyectas dictaduras, avanza en un camino funesto para las libertades que, en el papel, ha consagrado la Constitución para los ciudadanos venezolanos. Esta acción promete un cúmulo de atropellos y crímenes que harán quedar como enanos a las violaciones confesadas por Eladio Aponte Aponte.
Dada la conocida y bien probada dependencia de los tribunales venezolanos de los deseos del poder ejecutivo y la ineficacia de nuestros tribunales, los venezolanos se han visto obligados a recurrir a la justicia internacional, pero esta medida tiende a eliminar la posibilidad de acudir a tribunales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Sin embargo, los gestores de este gobierno despótico no calibran el hecho de que los derechos humanos tienen una jurisdicción universal y pueden ser juzgados en cualquier país del mundo, y tampoco prescriben los delitos cometidos contra ellos. Por eso los actuales violadores están condenados a vivir al resguardo de la ley internacional y serán, eventualmente, castigados por sus delitos.
Nueva legislación del Trabajo
En una demostración palmaria de desprecio por las leyes y por el estado de derecho, el presidente de la república, en aplicación de una ley habilitante otorgada por la Asamblea Nacional que concluyó sus funciones en enero de 2011 y que se motivó en las inundaciones y la necesidad de atender a los damnificados por las copiosas lluvias del segundo semestre de 2010.
Las normas constitucionales y legales y los usos y costumbres señalan que las leyes habilitantes deben confinarse en los motivos por los cuales fueron solicitadas y no pueden incluir, bajo ninguna circunstancia, leyes orgánicas, que, por definición sólo podrán ser aprobabas con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, proporción de la que no disfruta el sector oficialista en la actualidad.
Desde ese punto de vista, es obvio que una ley promulgada por una autoridad que no está autorizada para hacerlo, es írrita y sus efectos son nulos de nulidad absoluta. Por supuesto, los gobernantes saben que esto es verdad y que esta ley, que por todos los indicios es un adefesio jurídico, que nunca fue consultado con los interesados, es decir los sindicatos y los patrones, que son quienes tienen la obligación de actuar dentro de los límites que fija la legislación laboral.
Es fácil darse cuenta de que el gobierno utiliza una muy discutible potestad para realizar un acto flagrante de propaganda electoral, porque trata de ofrecer o prometer, como siempre ocurre en tiempo de elecciones, algo que sabe que no va a poder cumplir. Aunque para el momento de redactar esta nota era imposible obtener el texto completo de la mencionada LOT, lo que se ha podido conocer a través de los voceros oficiales, implica algunas condiciones que no son todo lo favorables que parecen. Por ejemplo, el aumento de los permisos pre y post natales , hasta la concurrencia de duplicar el tiempo disponible a las mujeres trabajadoras, no toma en cuenta que esto, que puede ser beneficioso desde el punto de vista de las interesadas directamente, conspira contra la empleabilidad de las mujeres en edad de concebir, porque el costo adicional que generarán para las empresas no las favorecerá.
La aplicación retroactiva de las prestaciones sociales del sector público a junio de 1997, aunque no ha sido calculado actuarialmente el costo, podría implicar una duplicación de la deuda, para hacerla llegar a 40 mil millones de dólares, que saldrán de PDVSA, empresa cuya estabilidad financiera es bastante cuestionable. Por otra parte, en economías fuertemente inflacionarias, la acumulación de prestaciones basada en el salario más reciente, creará incertidumbre patronal que reducirá los incentivos a la creación de empleo.
De igual manera, la ley parece haber sido concebida con un ánimo revanchista, que es contrario a la equidad indispensable en toda legislación racional, por ello, parece que muchas de sus disposiciones, aparentemente calculadas para perjudicar a la gran empresa privada y continuar, por otra vía, la lucha por destrozar definitivamente al sector privado, también crearía condiciones inaguantables para los pequeños empresarios y los emprendedores individuales. Estas dos condiciones implicarían que la nueva ley, recibida con aplausos por los oficialistas, es un torpedo en la línea de flotación de una economía nacional que ya se encuentra muy afectada, después de 14 años de deliberada labor de zapa y destrucción.
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